|
Castellano
Catalán
Los
sucesivos programas de acción en las Comunidades Europeas han
establecido reiteradamente el principio de que la mejor política del
medio ambiente consiste en evitar desde su origen la aparición de
contaminantes y otros efectos negativos, más que combatir
ulteriormente sus efectos. En este sentido, se ha insistido en la
necesidad de tener en cuenta lo antes posible los impactos sobre el
medio ambiente en todos los procesos técnicos de planificación y de
instrumentar, en consecuencia, los procedimientos adecuados para la
evaluación de estos impactos. Esta técnica singular se manifiesta en
la Directiva 85/337, de 27 de junio, sobre evaluación de los
impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y
privadas.
El presente Decreto
tiene como finalidad desarrollar el marco legislativo vigente para
adecuarlo a los requerimientos específicos de la protección del
medio ambiente en Cataluña y para concretar el procedimiento
administrativo a seguir para la evaluación del impacto ambiental de
los proyectos públicos o privados, cuya realización o autorización
corresponde a la Generalidad, que así lo requieran. El ámbito de
aplicación del Decreto no se extiende, pues, en este momento, a los
proyectos de competencia de las administraciones locales de
Cataluña, que por sus peculiaridades podrán ser objeto de una
normativa ulterior.
El Decreto atribuye a
la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas una
importante intervención en el procedimiento que se regula, dada la
experiencia que este órgano colegiado ha adquirido desde su
constitución, en el que se encuentran representados todos los
departamentos de la Generalidad afectados en materia de gestión del
medio ambiente. A tal efecto, se crea en su seno una Subcomisión
técnica con la finalidad de facilitar el ejercicio de las funciones
específicas que este Decreto atribuye a la Comisión.
Por otra parte, se
encomienda a los diferentes departamentos de la Generalidad
competentes el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de la
declaración de impacto.
Dado que el Estatuto
de Autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalidad,
en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad para
establecer normas adicionales de protección.
A propuesta de los
Consellers de Governació, Cultura, Sanitat i Seguretat Social,
Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i
Pesca e Industria i Energía, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo,
DISPONGO:
Aritículo
1. A los efectos de este Decreto, deberán someterse a una
evaluación de impacto ambiental los proyectos públicos o privados
consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier
otra actividad incluida en el Anexo del presente Decreto, cuya
realización o autorización corresponda a la Administración de la
Generalidad de Cataluña.
Aritículo
2.
1. Los proyectos que
se citan en el artículo anterior deberán incluir un estudio de
impacto ambiental, que se referirá a los aspectos y las
determinaciones citados a continuación:
a) Análisis detallado
del lugar donde se prevé la obra, la actividad o la instalación, y
de su entorno. Incluirá como mínimo las especificaciones siguientes:
Descripción del medio
físico referido a los condicionantes geológicos, hidrológicos,
hidrogeológicos, climatológicos, atmosféricos, edáficos, de
vegetación, del paisaje y de otros aspectos necesarios para definir
el medio en el área afectada y en su entorno.
Usos del suelo y
aprovechamientos preexistentes, obras de infraestructura e
instalaciones.
Situación
administrativa del área afectada: municipios afectados, régimen
jurídico, espacios o elementos protegidos, otros regímenes jurídicos
especiales, y otros.
Servidumbres y otros
derechos reales que puedan tener incidencia sobre el proyecto.
b) Descripción
general de proyecto y exigencias previsibles en relación con la
utilización del suelo y de otros recursos naturales durante las
fases de construcción y funcionamiento. Estimación de los tipos y
cantidades de residuos y emisiones de materia o energía resultantes.
c) Evaluación de los
efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la
población, la GEA, el suelo, la flora y la vegetación, la fauna, el
aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes
materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y
arqueológico.
d) Relación detallada
y valoración económica de las medidas previstas para eliminar,
reducir o compensar los efectos ambientales negativos
significativos; programación temporal de su ejecución, posibles
alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas del
proyecto y justificación de la idoneidad de la alternativa elegida
respecto de la minimización de los efectos negativos sobre el medio.
e) Resumen del
estudio y conclusiones, formulados en términos fácilmente
comprensibles, e informe, si es necesario, de las dificultades
informativas y técnicas halladas en su elaboración.
f) Programa de
vigilancia ambiental donde se concreten de manera detallada los
parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales
afectados, así como los sistemas de medida y control de estos
parámetros.
2. La Administración
pondrá a disposición del titular del proyecto los informes y
cualquier otra documentación cuando crea que pueda resultar de
utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
Aritículo 3.
1. El estudio del
impacto ambiental se incluirá en el proyecto que corresponda en
forma de documento diferenciado y, conjuntamente con aquél, será
sometido, dentro del procedimiento aplicable para la autorización o
realización del proyecto, al trámite de información pública y en
otros informes que se hayan previsto en el citado procedimiento.
2. Cuando el trámite
de información pública no se prevea en el procedimiento de
autorización o realización del proyecto, la Comisión Central de
Industrias y Actividades Clasificadas, una vez recibido el
expediente, someterá el estudio de impacto a información pública
durante el plazo de treinta días, y pedirá los informes que
considere oportunos.
3. El anuncio de
información pública se publicará en el «DOGC», mediante edicto, en
el tablón de anuncios de las entidades locales afectadas.
Aritículo
4.
1. Transcurrido el
trámite de información pública a que se refiere el artículo
anterior, y con carácter previo a la adopción de la resolución
administrativa, el órgano competente por razón de la materia
entregará el expediente, al que adjuntará si es necesario las
observaciones que crea oportunas, a la Comisión Central de
Industrias y Actividades Clasificadas. Esta Comisión, en el plazo de
30 días, evaluará los estudios de impacto ambiental y efectuará la
declaración de impacto, en la que se determinarán las condiciones
que deban establecerse para la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
2. En caso de que el
estudio de impacto presentara defectos corregibles de forma, omisión
u otros, la Comisión Central de Industrias y Actividades
Clasificadas lo comunicará al interesado, que deberá presentar las
correcciones o adiciones oportunas en el plazo de diez días,
transcurrido el cual la declaración de impacto se realizará
atendiendo a la documentación del expediente.
Aritículo
5.
1. La declaración de
impacto, con las condiciones que puedan establecerse, será enviada
al órgano competente que dictará la resolución administrativa que
corresponda.
2. En caso de
discrepancia entre el órgano que ha de realizar o autorizar el
proyecto y la Comisión Central de Industrias y Actividades
Clasificadas, decidirá el Consejo Ejecutivo.
3. Se hará pública,
en cualquier caso, la declaración de impacto.
Aritículo
6.
1. Para ejercer las
funciones que le atribuye este Decreto, se crea, en el seno de la
Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas, una
Subcomisión técnica integrada por un representante de cada uno de
los siguientes departamentos: Governació, Cultura, Sanitat i
Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques,
Agricultura, Ramaderia i Pesca e Indústria i Energía.
2. Para elaborar las
propuestas correspondientes, la Subcomisión técnica que prevé el
apartado anterior podrá pedir la información y el apoyo técnico que
crea necesarios de los diferentes departamentos de la Generalidad,
competentes por razón de la materia.
Aritículo
7.
1. El departamento de
la Generalidad al que corresponda, por razón de la materia, la
realización o autorización del proyecto, ejercerá, a través de la
unidad orgánica competente en materia de gestión del medio ambiente,
las funciones siguientes:
a) Realizar las
comprobaciones necesarias y pedir la documentación y la información
que haga falta para el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento
de la declaración de impacto y de las condiciones impuestas.
b) Requerir la
suspensión de la ejecución de los proyectos en los casos siguientes:
Inicio de la
ejecución del proyecto sin haber dado cumplimiento al trámite de la
declaración de impacto.
Ocultación de datos,
su falsedad o manipulación dolosa en el procedimiento de evaluación.
Incumplimiento o
trasgresión de las condiciones ambientales impuestas para la
ejecución del proyecto.
c) Ejercer las
acciones encaminadas a la restitución de la realidad física alterada
por la ejecución de proyectos en los casos previstos en el apartado
anterior. A tal efecto, podrá imponer multas coercitivas sucesivas
de hasta 50.000 pesetas cada una, sin perjuicio de llevar a cabo, si
es necesario, la ejecución subsidiaria a cargo del titular del
proyecto. El titular del proyecto deberá indemnizar en todo caso los
daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la ejecución del
proyecto.
d) Valorar los daños
y perjuicios ocasionados, previa tasación contradictoria, cuando el
titular del proyecto no dé su conformidad.
2. Periódicamente, el
departamento competente por razón de la materia deberá dar cuenta a
la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas de las
medidas adoptadas en aplicación de este Decreto.
Aritículo 8.
De acuerdo con las
disposiciones sobre propiedad industrial y con la práctica jurídica
en materia de secreto industrial y comercial, la Comisión Central de
Industrias y Actividades Clasificadas, al realizar la evaluación de
impacto ambiental, deberá respetar la confidencialidad de las
informaciones aportadas por el titular del proyecto que tengan este
carácter, y se deberá tener en cuenta, en todo caso, la protección
del interés público.
DISPOSICIONES ADICIONALES
1ª.
El presente Decreto no será de aplicación en los proyectos relativos
a obras de simple reposición o reparación de las ya existentes.
2ª. El Consejo
Ejecutivo, en casos excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá
excluir un proyecto determinado del trámite de evaluación de
impacto. El acuerdo se hará público y contendrá, no obstante, las
previsiones que en cada caso crea necesarias para minimizar el
impacto ambiental del proyecto.
3ª. El
presente Decreto no será de aplicación en los casos de declaración
de impacto ambiental de las actividades extractivas, que se
tramitarán de acuerdo con la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, y el
Decreto 343/1983, de 15 de julio, sin perjuicio de las
modificaciones que deban introducirse a fin de completar los
trámites de información pública y de publicidad exigidos por el
presente Decreto. En todo caso, el informe que prevé el artículo 6.3
de la citada Ley, deberá ser notificado a la Comisión Central de
Industrias y Actividades Clasificadas.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente decreto
será de aplicación en las obras, instalaciones o actividades a él
sometidas y que se inicien a partir del día 20 de julio de 1988.
ANEXO
1.Refinerías de
petróleo, con exclusión de las empresas que producen únicamente
lubricantes derivados del petróleo, así como las instalaciones de
gasificación y de pirólisis de esquistos bituminosos con capacidad
superior a 500 toneladas/día.
2. Centrales térmicas
y otras instalaciones de combustión con potencia térmica superior a
300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares,
con exclusión de las instalaciones de búsqueda para la producción y
transformación de materias fisionables y fértiles en las que la
potencia máxima no supere 1 KW de duración permanente térmica.
3. Instalaciones
destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a eliminar
definitivamente residuos radiactivos.
4. Plantas
siderúrgicas integrales.
5. Instalaciones
destinadas a la extracción de amianto, así como al tratamiento y
transformación del amianto y de los productos que contienen amianto.
Para los productos de amianto-cemento, las instalaciones con una
producción anual superior a 20.000 toneladas de producto acabado;
para los materiales de fricción, las instalaciones con una
producción anual superior a 50 toneladas de productos acabados y,
para otros usos de amianto, las que impliquen una utilización
superior a 200 toneladas/año.
6. Instalaciones
químicas integradas.
7. Construcción de
autopistas, autovías, líneas de ferrocarril de largo recorrido,
aeropuertos con pistas de despegue y de aterrizaje de una longitud
igual o superior a 2.100 metros y aeropuertos de uso particular.
8. Puertos
comerciales, pesqueros y deportivos. Diques y otras actuaciones de
defensa y regeneración del dominio público marítimo-terrestre,
siempre que el presupuesto de ejecución por contrata exceda los 500
millones de pesetas.
9. Instalaciones de
tratamiento de residuos especiales y las de tratamiento de residuos
urbanos y asimilables siempre que la planta haga un tratamiento
superior a 300 toneladas/día.
10. Grandes presas.
11. Primeras
repoblaciones cuando impliquen riesgo de graves transformaciones
ecológicas negativas.
12. En general, todas
las obras e instalaciones que puedan perjudicar notoriamente a los
valores preservados en los espacios naturales protegidos de acuerdo
con lo que prevé el Capítulo 3 de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de
espacios naturales.
Els
programes successius d'acció de les Comunitats Europees han
establert reiteradament el principi que la millor política del medi
ambient consisteix a evitar des del seu origen l'aparició de
contaminacions i d'altres efectes negatius, més que combatre
ulteriorment els seus efectes. En aquest sentit, s'ha insistit en la
necessitat de tenir en compte, el més aviat possible, els impactes
sobre el medi ambient en tots els processos tècnics de planificació
i d'instrumentar, en conseqüència, els procediments adients per a
l'avaluació d'aquests impactes. Aquesta tècnica singular es
manifesta en la Directiva 85/337, de 27 de juny, sobre avaluació
dels impactes sobre el medi ambient de certes obres públiques i
privades.
Aquest Decret té com
a finalitat desenvolupar el marc legislatiu vigent per tal
d'adequar-lo als requeriments específics de la protecció del medi
ambient a Catalunya i per concretar el procediment administratiu a
seguir per a l'avaluació de l'impacte ambiental dels projectes
públics o privats, la realització o autorització dels quals
correspon a la Generalitat, que així ho requereixin. L'àmbit
d'aplicació del Decret no s'estén, doncs, en aquest moment, als
projectes de competència de les administracions locals de Catalunya,
que per les seves peculiaritats podran ser objecte d'una normativa
ulterior.
El Decret atribueix a
la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades una
intervenció important en el procediment que es regula, atesa
l'experiència que aquest òrgan col·legiat ha adquirit des de la seva
constitució, en què es troben representats tots els departaments de
la Generalitat afectats en matèria de gestió del medi ambient. A tal
efecte, es crea en el seu si una Subcomissió tècnica amb la
finalitat de facilitar l'exercici de les funcions específiques que
aquest Decret atribueix a la Comissió.
D'altra banda,
s'encomana als diferents departaments de la Generalitat competents
el seguiment i la vigilància del compliment de la declaració
d'impacte.
Atès que l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat,
en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, el desenvolupament
legislatiu i l'execució en matèria de protecció del medi ambient,
sens perjudici de les facultats de la Generalitat per establir
normes addicionals de protecció;
A proposta dels
consellers de Governació, Cultura, Sanitat i Seguretat Social,
Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i
Pesca i Indústria i Energia, i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article 1
Als efectes d'aquest Decret, s'hauran de sotmetre a una avaluació
d'impacte ambiental els projectes públics o privats consistents en
la realització d'obres, d'instal·lacions o de qualsevol altra
activitat inclosa a l'Annex del present Decret, la realització o
autorització dels quals correspongui a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Article 2
2.1 Els projectes de què es fa esment a l'article anterior hauran
d'incloure un estudi d'impacte ambiental, que es referirà als
aspectes i les determinacions esmentats a continuació:
a) Anàlisi detallada
de l'indret on es preveu l'obra, l'activitat o la instal·lació, i
del seu entorn. Inclourà com a mínim les especificacions següents:
Descripció del medi
físic referida als condicionants geològics, hidrològics,
hidrogeològics, climatològics, atmosfèrics, edàfics, de vegetació,
del paisatge i d'altres aspectes necessaris per definir el medi en
l'àrea afectada i en el seu entorn.
Usos del sòl i dels
aprofitaments preexistents, obres d'infrastructura i instal·lacions.
Situació
administrativa de l'àrea afectada: municipis afectats, règim jurídic,
espais o elements protegits, altres règims jurídics especials, i
d'altres.
Servituds i altres
drets reals que puguin tenir incidència sobre el projecte.
b) Descripció
general de projecte i exigències previsibles en relació amb la
utilització del sòl i d'altres recursos naturals durant les fases de
construcció i de funcionament. Estimació dels tipus i quantitat de
residus i emissions de matèria o energia resultants.
c) Avaluació dels
efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre la
població, la gea, el sòl, la flora i la vegetació, la fauna, l'aire,
l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials,
inclòs el patrimoni històrico-artístic i arqueològic.
d) Relació detallada
i valoració econòmica de les mesures previstes per eliminar, reduir
o compensar els efectes ambientals negatius significatius;
programació temporal de la seva execució, possibles alternatives
existents a les condicions del projecte previstes inicialment i
justificació de la idoneïtat de l'alternativa elegida pel que fa a
la minimització dels efectes negatius sobre el medi.
e) Resum de l'estudi
i conclusions, formulats en termes comprensibles fàcilment, i
informe, si s'escau, de les dificultats informatives i tècniques
trobades en la seva elaboració.
f) Programa de
vigilància ambiental on es concretin de manera detallada els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals
afectats, així com els sistemes de mesura i control d'aquests
paràmetres.
2.2 L'Administració
posarà a disposició del titular del projecte els informes i
qualsevol altra documentació, quan cregui que pot resultar
d'utilitat per a la realització de l'estudi d'impacte ambiental.
Article 3
3.1 L'estudi d'impacte ambiental s'inclourà en el projecte que
correspongui en forma de document diferenciat i, conjuntament amb
aquell, serà sotmès, dins el procediment aplicable per a
l'autorització o realització del projecte, al tràmit d'informació
pública i en altres informes que s'hagin previst a l'esmentat
procediment.
3.2 Quan el tràmit
d'informació pública no es prevegi en el procediment d'autorització
o de realització del projecte, la Comissió Central d'Indústries i
Activitats Classificades, una vegada rebut l'expedient, sotmetrà
l'estudi d'impacte a informació pública durant el termini de trenta
dies, i en demanarà els informes que consideri oportuns.
3.3 L'anunci
d'informació pública es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i, mitjançant edicte, al tauler d'anuncis de les
entitats locals afectades.
Article 4
4.1 Transcorregut el tràmit d'informació pública a què es refereix
l'article anterior, i amb caràcter previ a l'adopció de la resolució
administrativa, l'òrgan competent per raó de la matèria lliurarà
l'expedient, al qual adjuntarà si escau les observacions que cregui
oportunes, a la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades. Aquesta Comissió, en el termini de 30 dies, avaluarà
els estudis d'impacte ambiental i efectuarà la declaració d'impacte,
en la qual es determinaran les condicions que hagin d'establir-se
per a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals.
4.2 Cas que l'estudi
d'impacte presentés defectes esmenables de forma, omissió o
d'altres, la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades ho comunicarà a l'interessat, que haurà de presentar
les esmenes o addicions oportunes en el termini de deu dies,
transcorregut el qual la declaració d'impacte es realitzarà atenent
la documentació de l'expedient.
Article 5
5.1 La declaració d'impacte, amb les condicions que puguin establir-se,
serà adreçada a l'òrgan competent que dictarà la resolució
administrativa que correspongui.
5.2 En cas de
discrepància entre l'òrgan que ha de realitzar o autoritzar el
projecte i la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades, resoldrà el Consell Executiu.
5.3 Es farà pública,
en qualsevol cas, la declaració d'impacte.
Article 6
6.1 Per tal d'exercir les funcions que li atribueix aquest Decret,
es crea, en el si de la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades, una Subcomissió tècnica integrada per un representant
de cadascun dels departaments següents: Governació, Cultura, Sanitat
i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques,
Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Indústria i Energia.
6.2 Per elaborar les
propostes corresponents, la Subcomissió tècnica que preveu l'apartat
anterior podrà demanar la informació i el suport tècnic que cregui
necessaris dels diferents departaments de la Generalitat, competents
per raó de la matèria.
Article 7
7.1 El departament de la Generalitat a què correspongui per raó de
la matèria la realització o l'autorització del projecte, exercirà,
per mitjà de la unitat orgànica competent en matèria de gestió del
medi ambient, les funcions següents:
a) Realitzar les
comprovacions necessàries i demanar la documentació i la informació
que calgui per al seguiment i la vigilància del compliment de la
declaració d'impacte i de les condicions imposades.
b) Requerir la
suspensió de l'execució dels projectes en els casos següents:
Inici de l'execució
del projecte sense haver donat compliment al tràmit de la declaració
d'impacte.
Ocultació de dades,
la seva falsetat o manipulació dolosa en el procediment d'avaluació.
Incompliment o
transgressió de les condicions ambientals imposades per a l'execució
del projecte.
c) Exercir les
accions encaminades a la restitució de la realitat física alterada
per l'execució de projectes en els casos previstos a l'apartat
anterior. A tal efecte, podrà imposar multes coercitives successives
de fins a 50.000 pessetes cadascuna, sens perjudici de dur a terme,
si s'escau, l'execució subsidiària a càrrec del titular del projecte.
El titular del projecte haurà d'indemnitzar en tot cas els danys i
els perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'execució del
projecte.
d) Valorar els danys
i els perjudicis ocasionats, amb la taxació prèvia contradictòria,
quan el titular del projecte no en doni la seva conformitat.
7.2 Periòdicament, el
departament competent per raó de la matèria haurà de donar compte a
la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades de les
mesures adoptades en aplicació d'aquest Decret.
Article 8
D'acord amb les disposicions sobre propietat industrial i amb la
pràctica jurídica en matèria de secret industrial i comercial, la
Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades, en
realitzar l'avaluació d'impacte ambiental, haurà de respectar la
confidencialitat de les informacions aportades pel titular del
projecte que tinguin aquest caràcter, i s'haurà de tenir en compte,
en tot cas, la protecció de l'interès públic.
Disposicions
addicionals
- 1 Aquest Decret no serà d'aplicació als projectes relatius a obres
només de reposició o de reparació de les ja existents.
- 2 El Consell
Executiu, en casos excepcionals i mitjançant acord motivat, podrà
excloure un projecte determinat del tràmit d'avaluació d'impacte.
L'acord es farà públic i contindrà, no obstant, les previsions que
en cada cas cregui necessàries per minimitzar l'impacte ambiental
del projecte.
- 3 Aquest Decret no
serà d'aplicació als casos de declaració d'impacte ambiental de les
activitats extractives, que es tramitaran d'acord amb la Llei
12/1981, de 24 de desembre, i el Decret 343/1983, de 15 de juliol,
sens perjudici de les modificacions que s'han d'introduir a fi de
completar els tràmits d'informació pública i de publicitat exigits
pel present Decret. En tot cas, l'informe que preveu l'article 6.3
de la Llei esmentada haurà de ser notificat a la Comissió Central
d'Indústries i Activitats Classificades.
Disposició final
Aquest Decret serà d'aplicació a les obres, les instal·lacions o les
activitats que s'hi sotmeten i que s'iniciïn a partir del dia 20 de
juliol de 1988.
Barcelona, 7 d'abril
de 1988
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Agustí M. Bassols i
Parés
Conseller de Governació
Joaquim Ferrer i Roca
Conseller de Cultura
Josep Laporte i Sala
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Josep Mirò i Ardèvol
Conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca
Macià Alavedra i
Moner
Conseller d'Indústria i Energia
Annex
- 1 Refineries de
petroli, amb exclusió de les empreses que produeixen únicament
lubricants derivats del petroli, així com les instal·lacions de
gasificació i de piròlisi d'esquistos bituminosos amb capacitat
superior a 500 tones/dia.
- 2 Centrals
tèrmiques i altres instal·lacions de combustió amb potència tèrmica
superior a 300 MW, així com centrals nuclears i altres reactors
nuclears, amb exclusió de les instal·lacions de recerca per a la
producció i la transformació de matèries fissionables i fèrtils en
què la potència màxima no superi 1 kW de durada permanent tèrmica.
- 3 Instal·lacions
destinades exclusivament a l'emmagatzemament permanent o a eliminar
definitivament residus radiactius.
- 4 Plantes
siderúrgiques integrals.
- 5 Instal·lacions
destinades a l'extracció d'amiant, així com al tractament i la
transformació de l'amiant i dels productes que contenen amiant. Per
als productes d'amiant-ciment, les instal·lacions amb una producció
anual superior a 20.000 tones de producte acabat; per als materials
de fricció, les instal·lacions amb una producció anual superior a 50
tones de productes acabats i per a altres usos d'amiant, les que
impliquin una utilització superior a 200 tones/any.
- 6 Instal·lacions
químiques integrades.
- 7 Construcció
d'autopistes, autovies, línies de ferrocarril de llarg recorregut,
aeroports amb pistes d'envol i d'aterratge d'una longitud igual o
superior a 2.100 metres i aeroports d'ús particular.
- 8 Ports comercials,
pesquers i esportius. Dics i altres actuacions de defensa i
regeneració del domini públic marítimo-terrestre, sempre que el
pressupost d'execució per contrata excedeixi els 500 milions de
pessetes.
- 9 Instal·lacions de
tractament de residus especials i les de tractament de residus
urbans i assimilables sempre que la planta faci un tractament
superior a 300 tones/ dia.
- 10 Grans preses.
- 11 Primeres
repoblacions quan impliquin risc de transformacions ecològiques
negatives greus.
- 12 En general,
totes les obres i les instal·lacions que puguin perjudicar
notòriament els valors preservats en els espais naturals protegits
d'acord amb el que preveu el Capítol 3 de la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d'espais naturals.
DECRET 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.
Els programes
successius d'acció de les Comunitats Europees han establert
reiteradament el principi que la millor política del medi ambient
consisteix a evitar des del seu origen l'aparició de contaminacions
i d'altres efectes negatius, més que combatre ulteriorment els seus
efectes. En aquest sentit, s'ha insistit en la necessitat de tenir
en compte, el més aviat possible, els impactes sobre el medi ambient
en tots els processos tècnics de planificació i d'instrumentar, en
conseqüència, els procediments adients per a l'avaluació d'aquests
impactes. Aquesta tècnica singular es manifesta en la Directiva
85/337, de 27 de juny, sobre avaluació dels impactes sobre el medi
ambient de certes obres públiques i privades.
Aquest Decret té com
a finalitat desenvolupar el marc legislatiu vigent per tal
d'adequar-lo als requeriments específics de la protecció del medi
ambient a Catalunya i per concretar el procediment administratiu a
seguir per a l'avaluació de l'impacte ambiental dels projectes
públics o privats, la realització o autorització dels quals
correspon a la Generalitat, que així ho requereixin. L'àmbit
d'aplicació del Decret no s'estén, doncs, en aquest moment, als
projectes de competència de les administracions locals de Catalunya,
que per les seves peculiaritats podran ser objecte d'una normativa
ulterior.
El Decret atribueix a
la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades una
intervenció important en el procediment que es regula, atesa
l'experiència que aquest òrgan col·legiat ha adquirit des de la seva
constitució, en què es troben representats tots els departaments de
la Generalitat afectats en matèria de gestió del medi ambient. A tal
efecte, es crea en el seu si una Subcomissió tècnica amb la
finalitat de facilitar l'exercici de les funcions específiques que
aquest Decret atribueix a la Comissió.
D'altra banda,
s'encomana als diferents departaments de la Generalitat competents
el seguiment i la vigilància del compliment de la declaració
d'impacte.
Atès que l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat,
en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, el desenvolupament
legislatiu i l'execució en matèria de protecció del medi ambient,
sens perjudici de les facultats de la Generalitat per establir
normes addicionals de protecció;
A proposta dels
consellers de Governació, Cultura, Sanitat i Seguretat Social,
Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i
Pesca i Indústria i Energia, i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article 1
Als efectes d'aquest Decret, s'hauran de sotmetre a una avaluació
d'impacte ambiental els projectes públics o privats consistents en
la realització d'obres, d'instal·lacions o de qualsevol altra
activitat inclosa a l'Annex del present Decret, la realització o
autorització dels quals correspongui a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Article 2
2.1 Els projectes de què es fa esment a l'article anterior hauran
d'incloure un estudi d'impacte ambiental, que es referirà als
aspectes i les determinacions esmentats a continuació:
a) Anàlisi detallada
de l'indret on es preveu l'obra, l'activitat o la instal·lació, i
del seu entorn. Inclourà com a mínim les especificacions següents:
Descripció del medi
físic referida als condicionants geològics, hidrològics,
hidrogeològics, climatològics, atmosfèrics, edàfics, de vegetació,
del paisatge i d'altres aspectes necessaris per definir el medi en
l'àrea afectada i en el seu entorn.
Usos del sòl i dels
aprofitaments preexistents, obres d'infrastructura i instal·lacions.
Situació
administrativa de l'àrea afectada: municipis afectats, règim jurídic,
espais o elements protegits, altres règims jurídics especials, i
d'altres.
Servituds i altres
drets reals que puguin tenir incidència sobre el projecte.
b) Descripció
general de projecte i exigències previsibles en relació amb la
utilització del sòl i d'altres recursos naturals durant les fases de
construcció i de funcionament. Estimació dels tipus i quantitat de
residus i emissions de matèria o energia resultants.
c) Avaluació dels
efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre la
població, la gea, el sòl, la flora i la vegetació, la fauna, l'aire,
l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials,
inclòs el patrimoni històrico-artístic i arqueològic.
d) Relació detallada
i valoració econòmica de les mesures previstes per eliminar, reduir
o compensar els efectes ambientals negatius significatius;
programació temporal de la seva execució, possibles alternatives
existents a les condicions del projecte previstes inicialment i
justificació de la idoneïtat de l'alternativa elegida pel que fa a
la minimització dels efectes negatius sobre el medi.
e) Resum de l'estudi
i conclusions, formulats en termes comprensibles fàcilment, i
informe, si s'escau, de les dificultats informatives i tècniques
trobades en la seva elaboració.
f) Programa de
vigilància ambiental on es concretin de manera detallada els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals
afectats, així com els sistemes de mesura i control d'aquests
paràmetres.
2.2 L'Administració
posarà a disposició del titular del projecte els informes i
qualsevol altra documentació, quan cregui que pot resultar
d'utilitat per a la realització de l'estudi d'impacte ambiental.
Article 3
3.1 L'estudi d'impacte ambiental s'inclourà en el projecte que
correspongui en forma de document diferenciat i, conjuntament amb
aquell, serà sotmès, dins el procediment aplicable per a
l'autorització o realització del projecte, al tràmit d'informació
pública i en altres informes que s'hagin previst a l'esmentat
procediment.
3.2 Quan el tràmit
d'informació pública no es prevegi en el procediment d'autorització
o de realització del projecte, la Comissió Central d'Indústries i
Activitats Classificades, una vegada rebut l'expedient, sotmetrà
l'estudi d'impacte a informació pública durant el termini de trenta
dies, i en demanarà els informes que consideri oportuns.
3.3 L'anunci
d'informació pública es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i, mitjançant edicte, al tauler d'anuncis de les
entitats locals afectades.
Article 4
4.1 Transcorregut el tràmit d'informació pública a què es refereix
l'article anterior, i amb caràcter previ a l'adopció de la resolució
administrativa, l'òrgan competent per raó de la matèria lliurarà
l'expedient, al qual adjuntarà si escau les observacions que cregui
oportunes, a la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades. Aquesta Comissió, en el termini de 30 dies, avaluarà
els estudis d'impacte ambiental i efectuarà la declaració d'impacte,
en la qual es determinaran les condicions que hagin d'establir-se
per a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals.
4.2 Cas que l'estudi
d'impacte presentés defectes esmenables de forma, omissió o
d'altres, la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades ho comunicarà a l'interessat, que haurà de presentar
les esmenes o addicions oportunes en el termini de deu dies,
transcorregut el qual la declaració d'impacte es realitzarà atenent
la documentació de l'expedient.
Article 5
5.1 La declaració d'impacte, amb les condicions que puguin establir-se,
serà adreçada a l'òrgan competent que dictarà la resolució
administrativa que correspongui.
5.2 En cas de
discrepància entre l'òrgan que ha de realitzar o autoritzar el
projecte i la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades, resoldrà el Consell Executiu.
5.3 Es farà pública,
en qualsevol cas, la declaració d'impacte.
Article 6
6.1 Per tal d'exercir les funcions que li atribueix aquest Decret,
es crea, en el si de la Comissió Central d'Indústries i Activitats
Classificades, una Subcomissió tècnica integrada per un representant
de cadascun dels departaments següents: Governació, Cultura, Sanitat
i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques,
Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Indústria i Energia.
6.2 Per elaborar les
propostes corresponents, la Subcomissió tècnica que preveu l'apartat
anterior podrà demanar la informació i el suport tècnic que cregui
necessaris dels diferents departaments de la Generalitat, competents
per raó de la matèria.
Article 7
7.1 El departament de la Generalitat a què correspongui per raó de
la matèria la realització o l'autorització del projecte, exercirà,
per mitjà de la unitat orgànica competent en matèria de gestió del
medi ambient, les funcions següents:
a) Realitzar les
comprovacions necessàries i demanar la documentació i la informació
que calgui per al seguiment i la vigilància del compliment de la
declaració d'impacte i de les condicions imposades.
b) Requerir la
suspensió de l'execució dels projectes en els casos següents:
Inici de l'execució
del projecte sense haver donat compliment al tràmit de la declaració
d'impacte.
Ocultació de dades,
la seva falsetat o manipulació dolosa en el procediment d'avaluació.
Incompliment o
transgressió de les condicions ambientals imposades per a l'execució
del projecte.
c) Exercir les
accions encaminades a la restitució de la realitat física alterada
per l'execució de projectes en els casos previstos a l'apartat
anterior. A tal efecte, podrà imposar multes coercitives successives
de fins a 50.000 pessetes cadascuna, sens perjudici de dur a terme,
si s'escau, l'execució subsidiària a càrrec del titular del projecte.
El titular del projecte haurà d'indemnitzar en tot cas els danys i
els perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'execució del
projecte.
d) Valorar els danys
i els perjudicis ocasionats, amb la taxació prèvia contradictòria,
quan el titular del projecte no en doni la seva conformitat.
7.2 Periòdicament, el
departament competent per raó de la matèria haurà de donar compte a
la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades de les
mesures adoptades en aplicació d'aquest Decret.
Article 8
D'acord amb les disposicions sobre propietat industrial i amb la
pràctica jurídica en matèria de secret industrial i comercial, la
Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades, en
realitzar l'avaluació d'impacte ambiental, haurà de respectar la
confidencialitat de les informacions aportades pel titular del
projecte que tinguin aquest caràcter, i s'haurà de tenir en compte,
en tot cas, la protecció de l'interès públic.
Disposicions
addicionals
- 1 Aquest Decret no serà d'aplicació als projectes relatius a obres
només de reposició o de reparació de les ja existents.
- 2 El Consell
Executiu, en casos excepcionals i mitjançant acord motivat, podrà
excloure un projecte determinat del tràmit d'avaluació d'impacte.
L'acord es farà públic i contindrà, no obstant, les previsions que
en cada cas cregui necessàries per minimitzar l'impacte ambiental
del projecte.
- 3 Aquest Decret no
serà d'aplicació als casos de declaració d'impacte ambiental de les
activitats extractives, que es tramitaran d'acord amb la Llei
12/1981, de 24 de desembre, i el Decret 343/1983, de 15 de juliol,
sens perjudici de les modificacions que s'han d'introduir a fi de
completar els tràmits d'informació pública i de publicitat exigits
pel present Decret. En tot cas, l'informe que preveu l'article 6.3
de la Llei esmentada haurà de ser notificat a la Comissió Central
d'Indústries i Activitats Classificades.
Disposició final
Aquest Decret serà d'aplicació a les obres, les instal·lacions o les
activitats que s'hi sotmeten i que s'iniciïn a partir del dia 20 de
juliol de 1988.
Barcelona, 7 d'abril
de 1988
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Agustí M. Bassols i
Parés
Conseller de Governació
Joaquim Ferrer i Roca
Conseller de Cultura
Josep Laporte i Sala
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Josep Mirò i Ardèvol
Conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca
Macià Alavedra i
Moner
Conseller d'Indústria i Energia
Annex
- 1 Refineries de
petroli, amb exclusió de les empreses que produeixen únicament
lubricants derivats del petroli, així com les instal·lacions de
gasificació i de piròlisi d'esquistos bituminosos amb capacitat
superior a 500 tones/dia.
- 2 Centrals
tèrmiques i altres instal·lacions de combustió amb potència tèrmica
superior a 300 MW, així com centrals nuclears i altres reactors
nuclears, amb exclusió de les instal·lacions de recerca per a la
producció i la transformació de matèries fissionables i fèrtils en
què la potència màxima no superi 1 kW de durada permanent tèrmica.
- 3 Instal·lacions
destinades exclusivament a l'emmagatzemament permanent o a eliminar
definitivament residus radiactius.
- 4 Plantes
siderúrgiques integrals.
- 5 Instal·lacions
destinades a l'extracció d'amiant, així com al tractament i la
transformació de l'amiant i dels productes que contenen amiant. Per
als productes d'amiant-ciment, les instal·lacions amb una producció
anual superior a 20.000 tones de producte acabat; per als materials
de fricció, les instal·lacions amb una producció anual superior a 50
tones de productes acabats i per a altres usos d'amiant, les que
impliquin una utilització superior a 200 tones/any.
- 6 Instal·lacions
químiques integrades.
- 7 Construcció
d'autopistes, autovies, línies de ferrocarril de llarg recorregut,
aeroports amb pistes d'envol i d'aterratge d'una longitud igual o
superior a 2.100 metres i aeroports d'ús particular.
- 8 Ports comercials,
pesquers i esportius. Dics i altres actuacions de defensa i
regeneració del domini públic marítimo-terrestre, sempre que el
pressupost d'execució per contrata excedeixi els 500 milions de
pessetes.
- 9 Instal·lacions de
tractament de residus especials i les de tractament de residus
urbans i assimilables sempre que la planta faci un tractament
superior a 300 tones/ dia.
- 10 Grans preses.
- 11 Primeres
repoblacions quan impliquin risc de transformacions ecològiques
negatives greus.
- 12 En general,
totes les obres i les instal·lacions que puguin perjudicar
notòriament els valors preservats en els espais naturals protegits
d'acord amb el que preveu el Capítol 3 de la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d'espais naturals.
Volver al
ÍNDICE
Si
desea solicitar nuestros servicios puede
CONTACTAR con nuestra empresa
directamente o rellenando el siguiente
|
|
